La publicación el pasado 20 de julio del informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI marca un punto de inflexión en la política exterior de Washington hacia La Habana.
Durante décadas, la geopolítica interpretó las relaciones bilaterales bajo el paradigma geopolítico de la contención (containment): un marco estratégico orientado a aislar y desgastar a un régimen autoritario sumido en un estancamiento permanente, pero considerado militarmente inofensivo y gestionable.
Sin embargo, el diagnóstico oficial estadounidense altera este escenario al clasificar al régimen como un nodo activo de guerra asimétrica, inteligencia y contrainteligencia hostil y patrocinio al extremismo internacional.
Esta redefinición altera el cálculo estratégico internacional. El informe, que ve la luz tras las recientes órdenes ejecutivas sancionadoras de la Administración Trump y las acusaciones judiciales contra la cúpula castrista, especialmente Raúl Castro, sienta las bases legitimantes para una posible intervención. Lo hace al calificar a La Habana como un santuario del terrorismo global y una plataforma militar avanzada para potencias rivales. Aquello que las violaciones de derechos humanos no lograron justificar durante décadas podría encontrar su puerta de entrada en las premisas de este informe.
El elemento medular del documento es la vinculación del régimen cubano con el extremismo internacional. El informe trasciende la denuncia de los derechos humanos para detallar el uso del territorio insular como refugio operativo de organizaciones armadas y fugitivos.
Junto al cobijo histórico a prófugos de la Black Liberation Army; a Los Macheteros, un violento grupo armado puertorriqueño, así como a las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional Puertorriqueña (FALN), el reporte registra alianzas estratégicas con la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), el Frente Popular para la Liberación de Palestina (PFLP), Hezbolá y las Fuerzas Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
A este marco se suma una dimensión militar asimétrica inédita: la adquisición de drones de ataque iraníes por parte de Cuba y el asesoramiento de Teherán para su uso.
Esta capacidad ofensiva se complementa con dieciocho instalaciones de inteligencia de señales (SIGINT) distribuidas en la isla, destacando los centros operados por China en Bejucal, y la presencia multiplicada de agentes rusos. Para los planificadores de defensa en Washington, esta acumulación tecnológica convierte a Cuba en una plataforma hostil que vulnera directamente la seguridad del territorio estadounidense.
En la teoría del derecho internacional y la seguridad estratégica, cuando la inteligencia estatal demuestra que un territorio alberga activos militares de adversarios y redes de apoyo a organizaciones terroristas, el principio de actuación se desplaza desde la promoción democrática hacia la legítima defensa preventiva.
El informe del Departamento de Estado proporciona precisamente el sustento fáctico para este giro. Al recalificar a la cúpula castrista no como un gobierno legítimo, sino como una dictadura militar que alberga capacidades de agresión intercontinental, además de capacidades de subversión dentro del país, Washington construye el argumento para legitimar una eventual acción armada. Esta no sería una agresión a la soberanía cubana, sino la neutralización de un peligro inminente para su propia seguridad nacional.
Este argumento se refuerza al denunciar la existencia de infraestructura subversiva en suelo estadounidense. El reporte detalla la penetración de espías en la diplomacia y el Pentágono durante décadas (como Víctor Manuel Rocha y Ana Belén Montes), el uso de organizaciones que considera de fachada, como el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), y la detección de protocolos como el Plan Nacional de Respuesta Rápida de la National Network on Cuba (NNOC), que mapea más de 1 300 instalaciones militares en EE. UU. para activar protestas e interrupciones en caso de conflicto.
Es evidente que el escenario de una intervención militar no opera en el vacío, sino que interactúa con otras dinámicas de cambio en la isla:
El estallido social por colapso sistémico: agravado por la hiperinflación, la dolarización y una severa crisis sanitaria, el malestar social acumulado tras miles de protestas por apagones y desabastecimiento refleja un límite social evidente. En el marco del quinto aniversario del 11J (protestas ciudadanas del 11 de julio de 2021), la indignación ciudadana puede desbordar el aparato represivo de las Fuerzas Armadas y desencadenar una escalada violenta del régimen. Si así sucede, Washington contaría con el marco perfecto para justificar una intervención de carácter humanitario.
La transición económica negociada: la élite burocrática y los herederos del poder (asociados al conglomerado militar GAESA) buscan convertir su dominio político en derechos de propiedad privada para consolidarse como oligarcas en un modelo postsoviético. Sin embargo, la pretensión de estos sectores de pactar una inmunidad diplomática choca frontalmente con los hallazgos del informe, que clausuran la legitimidad de negociar con quienes albergan inteligencia hostil.
En la actual situación, la opción militar actúa como el factor de presión determinante que acelera o condiciona a los demás. Si la vía negociada fracasa o el régimen profundiza su alianza militar con Teherán, Pekín y Moscú, la acción directa se convierte en la herramienta por defecto para neutralizar la amenaza.
El informe del Departamento de Estado cierra definitivamente la era del containment iniciada tras la crisis de los misiles de 1962. Al clasificar a Cuba como una plataforma asimétrica interconectada con el terrorismo global y las potencias rivales de Occidente, Washington ha articulado la arquitectura doctrinal suficiente para justificar la acción directa. El interrogante decisivo ya no es si existen los argumentos jurídicos y estratégicos para una intervención, sino bajo qué detonante específico la Administración estadounidense decidirá ejecutarla.
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation, un sitio de noticias sin fines de lucro dedicado a compartir ideas de expertos académicos.
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Raisiel Damián Rodríguez González no recibe salario, ni ejerce labores de consultoría, ni posee acciones, ni recibe financiación de ninguna compañía u organización que pueda obtener beneficio de este artículo, y ha declarado carecer de vínculos relevantes más allá del cargo académico citado.