El Gobierno de Colombia ordenó este jueves (29.10.2026) la militarización de la ciudad de Cúcuta, ubicada en la frontera con Venezuela, tras el asesinato a tiros de un político que aspiraba a la alcaldía local y el estallido de un artefacto explosivo que dejó seis heridos en menos de una semana.
"He ordenado la militarización inmediata de Cúcuta. Esa militarización será temporal, mientras estabilizamos el orden público", aseguró el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en una declaración a los medios.
El mandatario sostuvo que no "permitirá que el narcoterrorismo siga sembrando el miedo y amenazando a las familias" en el departamento de Norte de Santander y en su capital, Cúcuta, por lo que emitió varias medidas para contrarrestar la violencia.
De acuerdo con la información, el Ejército aumentará su presencia en la ciudad en coordinación con la Policía "para fortalecer el control territorial, proteger a los ciudadanos y enfrentar" a los grupos armados ilegales que tienen presencia en la zona.
Como segunda medida, De la Espriella indicó que desde el martes 3 de noviembre comenzará a funcionar la operación militar y policial Esparta y un bloque de seguridad en Cúcuta, sin especificar el número de uniformados a desplegar.
"Estas capacidades permitirán intensificar las operaciones contra el terrorismo, perseguir a los responsables de la violencia, golpear las financias criminales y desarticular las organizaciones que pretenden someter a la población", enfatizó.
Además, como tercer y cuatro punto, ordenó mantener otras operaciones de control territorial y anunció que visitará la ciudad la siguiente semana para evaluar los avances.
"No vamos a permitir que en una región que ayudó a construir nuestras instituciones sean los criminales precisamente quienes pretendan destruirlas", añadió.
Estas medidas fueron tomadas luego del asesinato el pasado lunes del candidato a alcalde de Cúcuta Miguel Castellanos Serrano, quien murió a tiros en las proximidades de una gasolinera de Norte de Santander, en una de las escasas ocasiones en que el político viajaba sin su escolta.
Castellanos era un mayor retirado de la Policía que asumió la Secretaría de Gobierno municipal, una de las carteras más complejas de la administración local. Desde allí combatió la criminalidad, trabajó por la recuperación del espacio público, el acceso a la justicia y la protección animal.
El martes al menos cuatro civiles y dos policías resultaron heridos por la detonación de un artefacto explosivo cerca del puente internacional que conecta Cúcuta con Venezuela.
En Cúcuta, por su ubicación fronteriza y cercanía con la convulsa región del Catatumbo, operan desde hace décadas distintos grupos de guerrilleros y de narcotraficantes que controlan el flujo de drogas y el contrabando.
Esta es la segunda ciudad militarizada por De la Espriella desde que llegó al cargo el 7 de agosto. La primera fue la costera y turística Santa Marta, después de una ola de ataques a comercios y vehículos desatada por una banda narcotraficante en septiembre.
La región fronteriza con Venezuela es bastión de grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de la extinta guerrilla de las FARC, enfrentados entre sí por las lucrativas rentas del narcotráfico y la minería ilegal.
En los últimos días también se registró una seguidilla de atentados y enfrentamientos entre los grupos armados en el Catatumbo, región plagada de narcocultivos a unos 70 km de Cúcuta.
Este jueves, un ataque con un dron explosivo atribuido al ELN dejó tres civiles heridos, según el gobierno local. Estos aparatos son cada vez más usados por los grupos ilegales y su zumbido genera terror entre la población, habitualmente atrapada en el fuego cruzado.
En medio de la peor crisis de violencia de la última década en Colombia, el mandatario derechista promueve una ofensiva a punta de bombardeos contra campamentos guerrilleros que ya dejan decenas de muertos, entre ellos al menos ocho menores.
jc (afp, efe)
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