La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó por unanimidad la validez constitucional de las normas federales que sancionan penalmente las lesiones causadas por negligencia médica, al determinar que castigar la falta de cuidado no vulnera el principio de legalidad, la mínima intervención penal ni el derecho al trabajo de los profesionales de la salud.
Al resolver el amparo en revisión 257/2026, el Pleno de la SCJN confirmó la sentencia dictada por un juzgado federal. Con ello, negó la protección de la justicia a un médico especialista que buscaba invalidar los artículos 60 (párrafo segundo) y 291 del Código Penal Federal.
La resolución judicial estableció que estos preceptos cumplen con el principio de taxatividad (claridad en la ley), el uso del derecho penal como último recurso y las garantías laborales, garantizando certeza jurídica tanto para el personal médico como para los pacientes.
La Corte negó el amparo a un médico que buscaba invalidar las sanciones por negligencia médica previstas en el Código Penal Federal (Foto: SCJN).
El asunto tuvo su origen en un juicio de amparo promovido por un médico neurocirujano adscrito al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
De acuerdo con los antecedentes del proceso penal, los días 15 y 20 de diciembre de 2017 el médico practicó dos cirugías en la columna vertebral a un paciente que requería atención por secuelas de un accidente: en la primera colocó tornillos transpediculares y en la segunda los recolocó.
Tras ambas intervenciones quirúrgicas, el paciente presentó complicaciones severas. Dictámenes médicos posteriores concluyeron que el afectado sufrió una disminución permanente en la movilidad de su pierna derecha.
Ante los hallazgos, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación por responsabilidad médica y lesiones culposas. En consecuencia, el 3 de marzo de 2022, un juez de control federal en Reynosa, Tamaulipas, dictó auto de vinculación a proceso en contra del neurocirujano.
En respuesta, el médico promovió un juicio de amparo indirecto. Argumentó que los artículos 60 y 291 del Código Penal Federal carecen de precisión sobre cuándo la praxis médica constituye delito, generando incertidumbre y un efecto inhibitorio en la medicina defensiva.
(Foto: SCJN).
Asimismo, la defensa del especialista sostuvo que los desacuerdos en la atención sanitaria deben canalizarse exclusivamente mediante juicios civiles o arbitrajes ante la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED).
Tras la negativa de amparo emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito en Tamaulipas, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito envió el expediente a la Suprema Corte para que analizara si dichos artículos penales se apegan o no a la Constitución.
En la presentación del proyecto, la ministra ponente María Estela Ríos González aclaró que los tipos penales examinados no vulneran la certeza jurídica. Explicó que la ley sanciona la causación de daños permanentes derivados de la inobservancia del deber objetivo de cuidado en situaciones previsibles.
El fallo del máximo tribunal enfatizó que el ejercicio médico es una "actividad de medios y no de resultados". Por lo tanto, los profesionales de la salud están obligados a actuar con la diligencia y conocimientos exigibles, sin que esto signifique garantizar la curación absoluta del enfermo.
Por ello, el fallo precisó que una complicación quirúrgica, la falta de sanación o un resultado no deseado no constituyen por sí mismos un delito, a menos que se demuestre un descuido o infracción al deber de cuidado.
"La responsabilidad penal exige acreditar la infracción de un deber concreto de cuidado y la atribución del resultado típico a esa infracción", señaló la ministra Ríos González.
Respecto a la libertad de trabajo, la sentencia determinó que el artículo 5° de la Constitución no exime a ninguna profesión del cumplimiento de las normas que protegen la salud e integridad de las personas.
En cuanto a la libertad de trabajo protegida por el artículo 5° constitucional, la Corte resolvió que ningún ejercicio profesional está exento de cumplir las normas que tutelan la vida y la integridad corporal. La vía penal no castiga los riesgos inherentes a la medicina, sino la imprudencia o negligencia comprobada.
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Durante la sesión, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra propuso que la Corte analizara si la vía penal debería reservarse exclusivamente para faltas de cuidado graves o inexcusables, canalizando los descuidos ordinarios hacia mecanismos civiles o de arbitraje para la reparación del daño.
"Considero que no toda conducta negligente derivada del ejercicio de la medicina debe ser necesariamente sancionada penalmente. Desde mi perspectiva, la intervención del derecho penal debe reservarse para aquellos supuestos de negligencia grave o inexcusable en los que existe una infracción especialmente relevante del deber objetivo de cuidado, mientras que las conductas de menor entidad podrían encontrar una respuesta adecuada para una reparación del daño en el ámbito civil, administrativo o profesional", señaló.
Sin embargo, la propuesta de incorporar una diferenciación entre negligencia ordinaria y grave fue rechazada por la mayoría de los integrantes del tribunal.
La ministra Loretta Ortiz Ahlf expuso las dificultades que implicaría para un juzgador clasificar esos niveles de descuido médico, al asegurar que "es muy difícil probar cuando hay de por sí negligencia. Y además distinguir, conforme a la propuesta, la negligencia grave o inexcusable de lo que es negligencia simple y llana… y ponerlo en una ley, en una sentencia, eso sobrepasa nuestras posibilidades".
A su vez, la ministra Ríos González señaló que modificar esos parámetros no corresponde al Poder Judicial, sino al Congreso.
"El legislador es el que establece las reglas del derecho penal… Si lo que se quiere es modificar los principios que deban aplicarse, pues eso, insisto, no nos corresponde a nosotros, corresponderá en su caso al Legislativo".
Al momento de la votación, las nueve ministras y ministros votaron a favor de confirmar la sentencia recurrida y negar el amparo solicitado contra el Código Penal Federal.
De esta forma, la Suprema Corte concluyó formalmente el análisis sobre la constitucionalidad de los artículos penales impugnados y ordenó regresar el expediente al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito.
Dicho tribunal regional será el encargado de revisar los aspectos procesales del caso concreto, valorar las pruebas médicas aportadas por la Fiscalía y determinar si se mantiene o se revoca el auto de vinculación a proceso en contra del neurocirujano.